Se diseña un violentómetro dirigido a la niñez de preescolar en BCS: diputada Teresita Valentín

  • La presidenta de la Comisión Niñas, Niños y Adolescentes, diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, explicó que en el 2025 será difundido en todos los planteles educativos

La presidenta de la Comisión Niñas, Niños y Adolescentes en la XVII Legislatura de Baja California Sur, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, anunció que para el 2025 se contará con un violentómetro dirigido a la niñez del nivel preescolar, para que, desde esta etapa, las y los niños conozcan cuando están siendo violentados o acosados en su entorno escolar o familiar o cualquier espacio donde se encuentren, lo anterior, luego de participar en la mesa de trabajo del Consejo Técnico del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Se está diseñado un violentómetro dirigido a la niñez del nivel preescolar, con el propósito que desde esa etapa conozcan cuándo sufren violencia escolar y acoso, ya sea en su entorno escolar, familiar o cualquier espacio, deben aprender a defenderse desde esa etapa”, comentó Valentín Vázquez.

En entrevista la legisladora de la bancada de Morena, explicó que este violentómetro, contiene figuras, letras con signos que ellos puedan entender, interpretar y defenderse, además se les enseñará a utilizar y recurrir al 911.

Actualmente, se hacen revisiones para que pueda difundirse a partir del 2025 en todos los planteles educativos de todo el Estado.

La representante popular consideró importante el trabajo de todas las instituciones que integran la mesa de trabajo, conminando a la SEP a difundir este violentómetro en todos los planteles del territorio estatal.

En ese escenario, reiteró su compromiso para que, desde el poder legislativo, trabajar con leyes que protejan a la niñez y juventud desde la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes que preside y la acompañan sus homólogas Guadalupe Vázquez Jacinto y Guadalupe Saldaña Cisneros, secretarias, se legisle.

En adición, el SIPINNA fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, cumpla con su responsabilidad garantizar el respeto y la aplicación de los derechos de niñez y adolescencia.