โข La diputada Guadalupe Vรกzquez propuso incorporar ambas conductas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de BCS
A fin de fortalecer el marco jurรญdico para prevenir y sancionar casos de violencia, la diputada Lupita Vรกzquez Jacinto (MORENA) propuso incorporar el acoso sexual y el hostigamiento sexual como faltas administrativas graves en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
Al presentar la iniciativa, la legisladora reconociรณ que tambiรฉn en la esfera pรบblica persisten los casos de violencia laboral y violencia sexual, refiriรณ cifras documentadas por el Sistema Integrado de Estadรญsticas sobre Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadรญstica y Geografรญa (INEGI), en Baja California Sur asรญ como que estas conductas se han evidenciado en los รบltimos aรฑos al interior de las instituciones pรบblicas.
En la actualidad, la Ley de Responsabilidades Administrativas no contempla en su catรกlogo de faltas administrativas graves a ambas conductas, por lo que se requiere de mecanismos claros que permitan su adecuada investigaciรณn, substanciaciรณn y sanciรณn, advirtiรณ Vรกzquez Jacinto.
โPropician ambientes hostiles, intimidatorios y discriminatorios que no solo impactan la estabilidad emocional y profesional de las vรญctimas, sino que tambiรฉn deterioran el funcionamiento de las institucionesโ, denunciรณ en tribuna.
La iniciativa adiciona el artรญculo 64 ter, en el que define que โcomete hostigamiento sexual la persona servidora pรบblica que, con fines de lujuria, asedie a otra, valiรฉndose de la posiciรณn derivada de su empleo, cargo o comisiรณn, o de sus relaciones laborales, familiaresโฆโ.
En tanto que el artรญculo 64 Quater determina que โcomete acoso sexual quien, con fines de lujuria, asedie reiteradamente a una persona servidora pรบblica, aprovechรกndose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensiรณn o riesgo inminente para la persona servidora pรบblicaโ.
Finalmente, la legisladora afirmรณ que las instituciones pรบblicas tienen la responsabilidad de generar espacios laborales libres de violencia, discriminaciรณn