- Para el caso de los servidores públicos de libre designación, se estableció que su nombramiento siempre será temporal, por tiempo determinado, y nunca tendrán derecho a la estabilidad laboral y que su nombramiento no podrá exceder del periodo constitucional
Con 18 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social relativo a reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, presentada por diversos diputados de la Fracción Parlamentaria de MORENA en voz del diputado Venustiano Pérez Sánchez.
La reforma aprobada tiene ámbito de aplicación, solamente a los trabajadores de confianza y trabajadores de libre designación, quedando los trabajadores de base fuera de ella.
El dictamen establece entre otras cosas que los juicios que se tramitan en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y sus Municipios, por regla general, deberán de tramitarse y resolverse en un plazo máximo de dieciocho meses.
Que tratándose de los juicios laborales que inicien los trabajadores de confianza, en el concepto de salarios caídos, solo se pagaran 18 meses, tope que está ajustado al marco constitucional y criterios de la SCJN. Muy por encima de los 12 meses que establece la Ley Federal del Trabajo.
Se establece como obligatoria la conciliación laboral para agilizar la solución de conflictos, incluyéndose multas para los abogados de las partes que no acudan a conciliación inicial, y en cualquier fase del juicio las partes podrán con intervención del tribunal conciliar para poner fin a la contienda laboral por mutuo acuerdo.
Se le otorgan facultades al Tribunal Burocrático del Estado para sancionar con multas a los abogados de ambas partes que realicen acciones para prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral. Así mismo se establecen sanciones para los servidores públicos que sean responsables de dilatar los juicios como la suspensión del cargo sin pago de salario y destitución si reinciden y darle vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia y los que resulten.
Sera obligación de las autoridades patronales a que otorguen mandato a sus abogados que acudan a juicio para que en su nombre puedan obligarse en cualquiera de la fases del proceso para conciliar y poner fin al litigio.
Se fortalece al Tribunal con la autorización para ampliar personal para mejorar el desahogo de los asuntos y agilizar los procesos de tramitación de juicios.
Así mismo que el Tribunal semestralmente presente un informe de la institución a la legislatura y se le mandata realizar convenios de colaboración institucional con la finalidad de intercambiar experiencias en materia de mediación y conciliación.
Para el caso de los servidores públicos de libre designación, se estableció que su nombramiento o designación siempre será temporal, por tiempo determinado, y nunca tendrán derecho a la estabilidad laboral y que su nombramiento no podrá exceder del periodo constitucional o la duración de la administración pública correspondiente y que al término de sus funciones no tendrán derecho a indemnización alguna, salvo las del finiquito y prestaciones inherentes al cargo, más no indemnización por el tiempo en que fungieron en tal responsabilidad constitucional.
En la discusión la diputada Guadalupe Saldaña manifestó su voto en abstención del dictamen, argumentado que, debió de darse un mayor análisis para aterrizar una propuesta que a su juicio violaba los derechos de los trabajadores de confianza, acusó de anticonstitucional y que no estaba de acuerdo con el tope que se le puso al pago de los salarios caídos.
A favor, el diputado Venustiano Pérez expresó que la reforma busca resolver un problema de fondo al que se enfrentan los poderes del Estado, ayuntamientos y órganos autónomos, cuando después de muchos años de juicio, se emiten laudos que condenan pagos millonarios de salarios caídos, que desequilibran las finanzas públicas.