Acoso sexual y el hostigamiento sexual en instituciones de BCS podrán ser faltas administrativas graves

  • La diputada Guadalupe Vázquez propuso incorporar ambas conductas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de BCS

A fin de fortalecer el marco jurídico para prevenir y sancionar casos de violencia, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (MORENA) propuso incorporar el acoso sexual y el hostigamiento sexual como faltas administrativas graves en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Al presentar la iniciativa, la legisladora reconoció que también en la esfera pública persisten los casos de violencia laboral y violencia sexual, refirió cifras documentadas por el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI en Baja California Sur así como que estas conductas se han evidenciado en los últimos años al interior de las instituciones públicas. 

En la actualidad, la Ley de Responsabilidades Administrativas no contempla en su catálogo de faltas administrativas graves a ambas conductas, por lo que se requieren mecanismos claros que permitan su adecuada investigación, substanciación y sanción, advirtió Vázquez Jacinto.

“Propician ambientes hostiles, intimidatorios y discriminatorios que no solo impactan la estabilidad emocional y profesional de las víctimas, sino que también deterioran el funcionamiento de las instituciones”, denunció en tribuna.

La iniciativa adiciona el artículo 64 ter, en el que se define que “comete hostigamiento sexual la persona servidora pública que, con fines de lujuria, asedie a otra, valiéndose de la posición derivada de su empleo, cargo o comisión, o de sus relaciones laborales, familiares…”. 

En tanto que el artículo 64 Quater determina que “comete acoso sexual quien, con fines de lujuria, asedie reiteradamente a una persona servidora pública, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona servidora pública”.

Finalmente, la legisladora afirmó que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de generar espacios laborales libres de violencia, discriminación.