“Principios Básicos para la Implementación del Programa de Justicia Terapéutica en México”, es el título del curso virtual, que el jueves 5 de septiembre, lanzó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (SE-CICAD/OEA).
Lidia Mena Cazares, Subprocuradora de Justicia Alternativa en Baja California Sur, informó lo anterior y destacó que el objetivo de dicho curso es dar a conocer los antecedentes y principios fundamentales de la justicia terapéutica, hasta la identificación de modelos de tratamiento y herramientas para monitoreo y evaluación.
Se capacitará a agentes del Ministerio Público, a personal de Asesoría Jurídica, Defensoría Pública y Psicología, para aplicar esta alternativa que brinda el Sistema de Justicia a las personas imputadas por un delito, en las cuales se identifica un trastorno provocado por el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
De acuerdo a los organizadores, se profundizará en el marco legal, en los componentes de intervención, en la importancia de la motivación hacia el cambio, en la aplicación de un enfoque de derechos humanos, la reinserción social, y la asistencia técnica necesaria para el éxito de este programa de formación.
Mena Cázares afirmó que el programa ofrece una serie de servicios que permite al imputado participante rehabilitarse, así como desarrollarse de forma personal, laboral y comunitaria para reparar el daño causado y evitar la revictimización de víctimas u ofendidos.
A nombre del Procurador de Justicia Daniel de la Rosa Anaya, la Subprocuradora de Justicia Alternativa, agradeció al Embajador Adam Namm, Secretario Ejecutivo (SECICAD/OEA), a María Fernanda Trigo, Directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, a la Escuela de Gobierno de la OEA, a Alex Torn Representante oficina de INL en México, Antonio Lomba, Jefe de la Unidad de Fortalecimiento institucional (SE-CICAD/OEA), la posibilidad de que personal de la institución tenga a acceso a la capacitación en este sistema, enfocado en alternativas al encarcelamiento de las personas en conflicto con la ley, y la opción de elegir el tratamiento y la rehabilitación bajo supervisión judicial.